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Salvo que sea usted uno de los pocos que aún vive desconectado sin móviles, Internet ni redes sociales, habrá recibido o al menos tenido constancia del vídeo de una pareja en El Rocío (Almonte, Huelva), manteniendo relaciones sexuales en una de las calles de la aldea.

Esta viralización del video se ha acompañado de presuntos audios de algunos de los implicados, y de capturas de fotos con sus nombres y apellidos para identificarlos. El daño (y el escarnio) ya está hecho.

Pues bien, además del reproche moral que corresponde al que graba o difunde un vídeo íntimo de un tercero sin su autorización, estas acciones pueden tener consecuencias legales en la vía civil, penal y administrativa, que pasamos a explicar:

VÍA CIVIL:

Aquí estaríamos ante una intromisión ilegítima derecho a la intimidad, honor y propia imagen, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982. Los protagonistas del vídeo podrían solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, además del cese de la intromisión ilegítima (parar la difusión del vídeo y las imágenes).

L.O 1/1982 de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen:

Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley:

2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.

3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.

En la vía civil, es indiferente si el acto se produce en un lugar privado o público, ya que los “momentos de la vida privada” se pueden desarrollar en lugares públicos.

VÍA ADMINISTRATIVA:

Los interesados pueden dirigir una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos por infracción del Reglamento general de protección de datos (la imagen de personas identificadas o identificables es un dato personal), concretamente por la comunicación de datos personales sin base legitimadora que lo ampare (en este caso, sin el consentimiento de los afectados). Los denunciados podrían ser castigados con multas económicas (art. 83 RGPD) y con el pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados:

«Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del Reglamento general de protección de datos tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos» (art. 82 RGPD).

Esta denuncia solo podría ser dirigida contra aquellos que hayan divulgado los datos fuera del ámbito doméstico: por ejemplo, publicándolo en Internet sin acceso restringido.

VÍA PENAL:

Esta es la vía de actuación que plantea más dudas. En principio, y si el juez considerara los hechos como constituyentes de alguno de los delitos del artículo 197 del Código Penal, los afectados podrían solicitar penas de cárcel de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, en el caso de la grabación del vídeo, y de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, en el caso de la difusión del mismo.

Básicamente, para determinar si se trata o no de hechos delictivos, dependerá de si el juez considera que se ha menoscabado la intimidad de los afectados, y esto, al ser un lugar público, y por el principio de intervención mínima del derecho penal, dependerá de la valoración que se haga en su caso.

Código Penal. Artículo 197 Delitos descubrimiento y revelación de secretos

Grabación

  1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

(…)

Difusión cuando se graba sin consentimiento

  1. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. 

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

 

Por tanto, hay que dilucidar si se vulnera la intimidad cuando se graban esas imágenes, aunque se hayan tomado en un lugar público, y en caso afirmativo, tanto la grabación como la posterior difusión tendrían la consideración de delito. El mero tenor literal del artículo 197: “descubrimiento y revelación de secretos”, parece encajar perfectamente con el supuesto de hecho planteado en este caso.

Se antoja conveniente pensar que la especial vulnerabilidad a la que nos enfrentamos hoy día con las nuevas tecnologías, mediante las cuales cualquier actuación que llevemos a cabo en un momento dado puede ser rápidamente accesible por miles de personas, permaneciendo indefinidamente en la red y en los dispositivos de usuarios de cualquier lugar del mundo, deba ser compensada con una adecuada protección legal, incluyendo la vía penal.

En este punto, recordar que la última reforma del Código Penal incluyó como delito la difusión de los vídeos íntimos, aunque éstos se hayan obtenido de forma lícita (caso Olvido Hormigos). Este supuesto no es el que nos ocupa, puesto que la obtención del vídeo no se consideraría lícita, pero la modificación del Código Penal sí que demuestra la voluntad del legislador de reforzar la protección penal de este tipo de conductas, aunque se perdió una gran oportunidad de clarificar situaciones como las que traemos a colación en este artículo.

 

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