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Habrán tenido noticia durante estos días del ataque furibundo recibido por la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a cuenta de una usuaria de Facebook que discrepaba de sus ideas políticas, y que manifestó sin reparos en un mensaje en su perfil que “solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo, porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa”.

Arrimadas, harta de los insultos recibidos en esta y otras redes sociales, consideró que las manifestaciones traspasaban todas las líneas rojas habidas y por haber, y anunció que emprendería medidas legales, mientras ponía en conocimiento del público en general el mensaje mediante la publicación de un pantallazo del mismo, que no omitía ni pixelaba el nombre de la autora.

El caso ha suscitado cierta polémica, ya que la presión de las redes clamando justicia y pidiendo un castigo ejemplar provocó el despido de la usuaria, dejando cualquier ulterior reproche civil o penal en segundo plano, en tanto que se antoja improbable que la hipotética sanción que se aplicara resultara más gravosa que el despido y estigmatización sufrida por la denunciada.

 Lo interesante del asunto, a nuestro juicio, es como se pone de manifiesto que, al igual que sucede con los casos de corrupción política en España, donde las eternas instrucciones, tediosos juicios y tardías sentencias condenatorias, cuando llegan, no causan un castigo superior ni a veces comparable al sufrido por la llamada “pena de Telediario” (definida como el relato público a través de los medios de comunicación de las pruebas inculpatorias que pesan sobre los presuntos corruptos antes de ser juzgados), lo mismo está sucediendo con la “pena de pantallazo” y su inseparable ajusticiamiento virtual:

Una justicia paralela 2.0., aplicada por una ciudadanía convertida en juez, que sentencia sin más garantías que las que puedan emanar de un veredicto popular, sometido a las modas y “lo políticamente correcto”, y que no entiende de atenuantes, eximentes u otras situaciones que puedan servir para hacer prevalecer la justicia.

Las consecuencias del caso nos vuelven a advertir que la impunidad en Internet no existe, y si bien nuestras leyes a veces no amparan como algunos desearían según que comportamientos – difícilmente se derivará del mensaje de la “seguidora” de Arrimadas un severo reproche penal si lo hubiera, ya que este derecho se debe aplicar como “ultima ratio”, y civilmente las consecuencias tampoco se barruntan que pudieran ser especialmente gravosas para la denunciada -, sin embargo la pena de pantallazo puede suplir ese castigo actuando de forma mucho más eficaz, ya que mediante la amplificación de mensajes, tuits o comentarios, somete a una pena de “timeline” despiadada, que después tiene su cruel reflejo en la mal llamada “vida real”, como se ha podido observar claramente en este caso con el escarnio público de la usuaria, que ha acarreado un despido y una marginación social de la que es mucho más difícil recuperarse que de una multa o pago de indemnización.

Como los que nos dedicamos a esto no nos cansamos de recordar, lo que es un ilícito en la “vida real” también lo es en la “virtual”, con el matiz de que la red viraliza, no olvida (a pesar del derecho que lleva su nombre), y además está llena de testigos y justicieros. Por tanto, sin entrar en la pertinencia o no de lo hecho por Inés Arrimadas, lo que podemos extraer es una lección que no debemos olvidar: una foto enviada a la persona equivocada, un desahogo en redes sociales tras un mal día en la oficina, un comentario insultante o amenazante en un perfil de otro usuario, etc., puede tener consecuencias más graves que las propias derivadas de la aplicación del derecho, y los efectos pueden llegar a ser mucho más difíciles de superar.

PD: Y si no que se lo digan al concejal del PSOE de La Laguna

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