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La tradicional LRJPAC o Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, fue derogada y reemplazada por las recientes normas: Ley 39/2015 y 40/2015, que entraron en vigor el 2 de octubre de 2016, y que separan la regulación del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico de las AAPP, además de integrar en la primera la referida a la potestad sancionadora, derogando el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (RD 1398/1993).

Se trata de una reforma integral de la organización y funcionamiento de las AAPP, que tiene especial incidencia en la administración electrónica, con la implantación del principio de preferencia del medio electrónico, y el reforzamiento de las garantías para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Si bien la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, posibilitaba ese acceso electrónico, la Ley 39/2015 sienta las bases de un modelo exclusivamente electrónico, imponiendo deberes a AAPP, empresas y profesionales, y facilitando que la tramitación telemática sea el medio habitual y prioritario para los ciudadanos. Esto afecta de forma directa a los Colegios Profesionales, en su condición de Corporaciones públicas, y a los que ejercen profesiones colegiadas, como veremos al detalle a continuación.

Los Colegios Profesionales son Corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines públicos-privados, lo que les otorga su naturaleza mixta. En resumen, entidades asociativas de base privada que a su vez ejercen las funciones públicas que les atribuye la Ley o le son delegadas. La Ley 39/2015 señala que “se regularán por su normativa específica (Ley 2/1974 y normativa relacionada) en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan atribuido por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley”. La Ley 40/2015 (Régimen Jurídico de las AAPP), aunque no menciona expresamente los Colegios Profesionales, no cabe duda de que los incluye en su ámbito de aplicación.

La principal novedad, a nuestro juicio, de esta reforma integral de la regulación de las AAPP, es el artículo 14 de la Ley 39/2015, con el establecimiento del DEBER de relacionarse con la Administración por medios electrónicos, impuesto entre otros a las personas jurídicas (que incluye a los Colegios Profesionales), entidades sin personalidad jurídica (Fundaciones, Sociedades civiles…), colegiados que “ejerzan una actividad profesional de colegiación obligatoria en ejercicio de su actividad profesional”, y a “quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración (que serán en muchos casos profesionales colegiados)”.

Por su parte, las personas físicas pueden (DERECHO) optar entre medios electrónicos o tradicionales, salvo que estén obligadas para algún caso concreto.

La Ley añade que los Colegios “se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas” (entre otras la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que crea la Ventanilla Única), por lo que parece deducirse en principio que ni los colegiados (de colegiación obligatoria y en ejercicio de su actividad profesional) ni el resto de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, tienen el deber de comunicarse con los Colegios por vía electrónica, ya que en este caso no pueden ser consideradas administraciones públicas “stricto sensu”, aunque es aconsejable una regulación adicional que aclare la cuestión.

Cuadro resumen derechos y deberes en la Administración Electrónica

Este DEBER DE RELACIONARSE CON LA ADMINISTRACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS consagrado en la Ley está supeditado a que los distintos órganos administrativos dispongan de los mecanismos necesarios para ello, para la mayoría de los cuales (registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la administración y archivo único electrónico) tienen de plazo hasta el 2 de octubre de 2018, por lo que habrá que esperar para comprobar la eficacia de las medidas apuntadas.